Por Guillermo León Vargas Zapata
Profesor ITEY gleonvaz@yahoo.es
Hay reflexiones que requieren, para asegurar ser comprendidas, se les defina algunos conceptos que hacen las veces de hilos conductores. Para el caso, comprendamos que la institución escolar es un patrimonio público, un bien de la sociedad que reclama de nuestra participación y vigilancia en el servicio que oferta; y los que en ella nos desempeñamos somos servidores públicos que, para bien y para mal, estamos expuestos a los juicios valorativos de la sociedad. A la sociedad le asiste el deber de vigilar a los centros escolares.
Asimismo, comprendamos que la dimensión productiva de una persona es la capacidad que posee para hacer uso de sus poderes congénitos en las realizaciones personales: poder de = capacidad (poder-capacidad) y poder sobre = dominio (poder-dominio) El poder-dominio toma vida o se despliega cuando se logra inmovilizar o entorpecer el poder-capacidad. La capacidad de hacer uso productivo de sus poderes es la potencia de una persona, la incapacidad es la impotencia.
En este marco de comprensión, adquieren sentido especial interrogantes como: ¿qué significa el enunciado constitucional que define a la educación colombiana como pública? ¿Dónde se discuten las políticas educativas en los entes territoriales? ¿Desde dónde y cómo se orientan las políticas educativas para las instituciones escolares? ¿Cómo se gestionan los recursos para éstas, cómo se asignan? ¿De qué manera se evalúan las administraciones escolares? ¿Cómo se administran los colegios? ¿Funciona en éstos el gobierno escolar? ¿Cómo se experimentan en los centros escolares las relaciones entre sus estamentos? ¿Quién le pide cuentas a las instituciones escolares, quién las da y cómo? Como ven, es imperativo que la suerte de las instituciones educativas esté siempre presente en la comunidad como tema de discusión.
Ante el habitual fracaso escolar, expertos en educación recomiendan afinar la mirada y el análisis hacia el interior de los colegios, hacia la manera como se administran e implementan los diseños curriculares, de tal manera que se develen sus mecanismos administrativos y organizativos y el conjunto de significados y mandatos que transmiten. ¿Por qué la recomendación? Las razones son múltiples, pero la básica es el mito que, a través de los años, se ha logrado aferrar o consolidar en muchas mentes: Los directivos docentes de las instituciones públicas formales son inamovibles, insustituibles, y el cuestionamiento de la estructura organizativa que logran hilar es motivo de exclusión, señalamiento y persecución. En lo que sigue, pretendo reflexionar sobre el particular.
Los entendidos en las cuestiones educativas formales sostienen que una excelente administración escolar es el resultado de saber desplegar el poder-capacidad por parte del rector o rectora, persona responsable de la suerte de la institución. El poder-capacidad garantiza una vida escolar productiva; un ambiente de trabajo gratificante y coordinado; armonía eficiente entre las diferentes áreas de gestión; una comunicación fluida, abierta, sincera y democrática; una colectividad con sentido de pertenencia. En fin, una excelente institución.
No cabe duda de que la realidad es otra. Investigaciones muestran que, en su gran mayoría, los directivos docentes – ante todo rectores y rectoras – al poco tiempo de haberse posesionado en el cargo, empiezan a desplegar el poder-dominio. Desde luego que esta metamorfosis viene acompañada de mutaciones psicológicas, culturales, antropológicas, intelectuales, emocionales y económicas. La primera seña de la mutación es integrar un grupo de docentes que le sirva de escudero y a través de él “administrar” la institución. El poder-dominio se legitima y “el que no esté conmigo, está contra mí”. El centro escolar se vuelve un infierno.
Es por ello que se recomienda rotar periódicamente a los directivos docentes. Cada cinco años en un tiempo prudente. Se abre la discusión reflexiva.
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